Una reflexión oportuna

2012/04/15
Xabier Anza. Landeia nº 180. / Como cada año, el Comité Nacional de ELA suscribió una declaración con ocasión del Aberri Eguna sólo unos días después de la exitosa huelga general del 29 de marzo. El grueso de esa declaración analiza, como no puede ser de otra manera, las consecuencias sociales de una crisis que se acerca a su quinto año, pero quizá la parte más novedosa de la reflexión se sitúa en sus párrafos finales, cuando el documento aborda la más estricta cuestión de la soberanía.

Xabi_AnzaComo cada año, el Comité Nacional de ELA suscribió una declaración con ocasión del Aberri Eguna sólo unos días después de la exitosa huelga general del 29 de marzo. El grueso de esa declaración analiza, como no puede ser de otra manera, las consecuencias sociales de una crisis que se acerca a su quinto año, pero quizá la parte más novedosa de la reflexión se sitúa en sus párrafos finales, cuando el documento aborda la más estricta cuestión de la soberanía. Esta conecta, a mi entender, a modo de contrapunto, con la amplísima movilización que los partidos y coalicciones políticas abertzales protagonizaron el día de la festividad nacional.

En relación con un eventual nuevo estatus político o la propia independencia de nuestro país, ELA hacía un llamamiento a dotar de realismo y credibilidad a las reivindicaciones favorables a la soberanía. Y es que el contexto de la crisis y los recortes, principal preocupación del sindicato, constituye, en opinión del Comité Nacional, una ocasión magnífica para demostrar, incluso desde el ámbito institucional, que este país no desea ser un subsistema del estado español.

Desobediencia al estado en sus políticas de ajuste.

Buscando concreciones, la declaración señala que respecto a las políticas de ajuste estructural que está liderando Mariano Rajoy (a las que hay que sumar recortes añadidos que se anuncian tras la celebración del Aberri Eguna), bien podría decidirse en Hego Euskal Herria no prestarles la obediencia que va a exigirse a todas las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos. ELA urge, así, a que halle eco en la política la solicitud popular de justicia social expresada en la pasada huelga general: una demanda urgente de que la economía se subordine a la política, y que ésta esté al servicio del bien común. Y es que nada otorgaría más crédito a la política, en general, y al soberanismo y al independentismo, en particular, que un acto de rebeldía o desobediencia ante el estado; en este caso, una resolución efectiva de no aplicar esas políticas de ajuste, con el objeto de buscar caminos propios en la superación de la gravísima crisis económica, social y política que padecemos.

Ausencia de una reflexión compartida en relación con las alianzas.

Lamentablemente, la declaración constata la ausencia de una reflexión compartida en relación con las alianzas que los diferentes procesos abiertos en Euskal Herria precisan. Y ello, partiendo de un hecho evidente: cada proceso y lucha (derechos humanos, democracia, soberanía, conflicto social...) es distinto en su naturaleza, en sus objetivos, en sus tiempos... y, por tanto, debe serlo también en las alianzas que requieren. En este sentido, la manera en que la contienda electoral partidaria contamina a menudo el debate político y las políticas de alianzas constituye una dificultad importante para el desenvolvimiento de las organizaciones vascas. En especial, en el ámbito abertzale esa permanente lucha electoral, polarizadora por definición, acaba siendo muy intolerante con la existencia de identidades políticas y sindicales distintas y diferenciadas, como es la de ELA.

La referencia de la suma, o mejor, de las distintas sumas, es demasiado importante para los retos que tenemos como pueblo y como clase trabajadora. ELA es un sindicato, y sólo un sindicato, y tiene un compromiso con la soberanía, la democracia y los derechos humanos. En cuanto sindicato, tiene la responsabilidad de definir sus alianzas y su desempeño desde la legitimidad que le otorga su implantación en el mundo del trabajo. Y ello conlleva que no pueda supeditar sus objetivos sindicales a otros intereses –económicos o políticos– ajenos a los del mundo del trabajo.