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Lo que pasa en Chipre es parte de la Unión Europea

23/04/2013
El 23 de noviembre de 2012 el Gobierno de Chipre firmó con la Troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) un Memorándum de Entendimiento, que es el documento en el que dicho gobierno se compromete a adoptar una serie de medidas a cambio de obtener un préstamo.

Artículo del Boletín 19 del Gabinete de Estudios de ELA

En realidad, lo firmado en aquel momento, que fue ocultado a la opinión pública (de hecho todas las fuentes oficiales negaron ningún acuerdo el día que se firmó el documento), recogía una serie de medidas de fuertes recortes de derechos laborales y sociales, a cambio de una expectativa futura de préstamos. Por ejemplo, se adoptaron medidas como reducciones de pensiones y de salarios en el sector público que llegaban al 12,5%, compromiso de no incrementar las pensiones y los salarios en el sector público al menos hasta 2017, diversos recortes de las pensiones (como por ejemplo aplicar el factor de estabilidad desde 2018), considerables reducciones de empleo en el sector público. Sin embargo, se dejaba para más adelante la llegada del dinero prestado.

Es evidente que las medidas que se recogían en el Memorándum firmado no atacaban las causas de los principales problemas existentes en Chipre, que estaban relacionados con su sistema financiero. El tamaño del sector bancario en Chipre era, y es, mucho mayor al que correspondería a su economía. Esto es debido a que, en gran medida, Chipre ha funcionado como un paraíso fiscal dentro de la Unión Europea, por lo que era un foco de atracción de capitales que buscaban no pagar impuestos.

Chipre ha funcionado como un paraíso fiscal dentro de la Unión Europea, por lo que era un foco de atracción de capitales que buscaban no pagar impuestos

Junto a esta realidad, las principales entidades financieras de Chipre han sido nefastamente gestionadas. Petros Kosmas, científico especial de la Universidad Tecnológica de Chipre, y miembro de la Iniciativa Chipriota para un Comité Auditor de la Deuda, lo ha evidenciado, al señalar que prestaron cientos de millones de euros a sus directivos y accionistas sin avales ni garantías, o que especularon y perdieron al comprar bonos tóxicos griegos antes de la quita acordada (por ejemplo, le compraron al Deutsche Bank importantes cantidades, cuando el banco alemán había ofrecido una comisión del 5% a cualquier agente que consiguiese colocar esos bonos. Con esta operación una entidad de intermediación se embolsó 100 millones de euros).

Cuando en marzo de 2013 la banca de Chipre ha quedado en quiebra, el gobierno de ese país ha decidido destinar grandes cantidades de dinero público a su rescate. Se pretenden destinar 17.500 millones de euros para ello, el equivalente al 100% del PIB de Chipre (el PIB de Chipre es inferior al de Gipuzkoa, que es de 22.000 millones de euros).

¿De dónde van a salir los 17.500 millones que se van a dar a la banca?

Lo primero que hay que cuestionar en todo esto es si hay que destinar dinero público a salvar a una banca irresponsable, especuladora y que ha basado su expansión en la atracción de capitales para eludir pagar impuestos. La respuesta es clara: no.

¿De dónde van a salir los 17.500 millones que se van a dar a la banca? El pasado 12 de abril el eurogrupo llegó a un acuerdo para poder prestar 10.000 millones de euros al gobierno de Chipre (un 60% del PIB). Este préstamo (a devolver con intereses) está condicionado a la firma de un nuevo Memorándum con la Troika, cuyo contenido ha sido en esta ocasión filtrado a los medios de comunicación. Entre las medidas acordadas se encuentran acometer antes de final de año una nueva reforma de las pensiones, fortísimos recortes en la sanidad pública (establecimiento del copago y aumento de las tasas en diversos servicios y para múltiples tratamientos, recortes de pruebas médicas, recortes en los hospitales públicos, etc), compromiso de modificar los sistemas de retribución y las condiciones de trabajo en el sector público, recorte de prestaciones sociales (incluidas las prestaciones por desempleo), modificar los mecanismos de indexación salarial, reducir el salario mínimo interprofesional si la situación económica es adversa, etc. Por tanto, nos encontramos ante nuevas medidas de recorte de los derechos laborales y sociales, que se justifican en la necesidad de reducir el déficit y la deuda pública, que aumentan porque se da dinero a la banca.

 

Cambiar radicalmente las políticas europeas, que son las de la Troika, y cuestionar el pago de la deuda pública ilegítimamente generada (tras un proceso de auditoría ciudadana de la deuda), son las vías necesarias.

El resto del dinero procede de hacer pagar tasas elevadas a quienes tienen imposiciones bancarias superiores a los 100.000 euros. Cabe destacar que en un principio la Troika pretendió hacer pagar también a quienes tenían menos de esas cantidades, que son las que la normativa europea garantiza ante situaciones como la vivida en Chipre. Tuvieron que dar marcha atrás. Una parte muy importante de la quita la van a tener que afrontar los fondos de pensiones que habían depositado su dinero en los bancos de Chipre.

La salida planteada para Chipre va a tener nefastas consecuencias sobre el empleo y sobre las condiciones de vida y de trabajo de la población, mientras se salva a la banca. Se va a generar una enorme deuda pública que va a condicionar la actuación del gobierno durante muchos años, y se impone un nuevo plan de ajuste estructural a otro estado de la Unión Europea. Cambiar radicalmente las políticas europeas, que son las de la Troika, y cuestionar el pago de la deuda pública ilegítimamente generada (tras un proceso de auditoría ciudadana de la deuda), son las vías necesarias. Visto el comportamiento de los gobiernos, solo la movilización social puede conseguir estos objetivos.