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Las tarjetas “black” del Gobierno Urkullu

28/10/2014
Hay que agradecer a Urkullu y a su Consejero Aburto que hayan sido claros. Hay dinero para quienes se pliegan a las decisiones y modelo de su gobierno. Igual que en las tarjetas black de Caja Madrid se emplea el dinero de otros para la compra de silencio, el pago por la complicidad, el premio por la sumisión. Es el pozo en el que se les mete para convertirlos en lacayos a su servicio.

Koldo Artzai

Los escándalos se han convertido en algo cotidiano. Día sí y otro también nos llega la noticia del uso indebido del dinero de otros. Unas veces dinero público (subvenciones, contratos públicos, rescates de bancos y autopistas…) otras veces dinero de otras personas (preferentes de Bankia o de Fagor y Eroski, contratos blindados, indemnizaciones multimillonarias a directivos…). Las cifras que se mueven no son una minucia, servirían para cubrir más de uno de los recortes que los distintos gobiernos -España, Navarra, Euskadi- están aplicando en los servicios públicos.

La negativa de ELA y LAB a acogerse a estas dádivas y a aceptar el papel de bufones en las fotos con el gobierno, es una buena noticia para los trabajadores y trabajadoras y nos da ánimos para pensar que en Euskal Herria no todos son iguales, que la mayoría sindical vasca no es igual y que hay margen para hacer las cosas de otra manera

La penúltima que está levantado polvareda es la de las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia. Ha salpicado a los responsables más altos de la entidad, pero también a representantes de los partidos PP, PSOE e IU, de la Patronal y de los sindicatos UGT y CCOO. Pongo las siglas concretas porque me parece que la generalización que muchos hacen diciendo que están pringados “los partidos y los sindicatos” es malintencionada, pretendiendo que todas las organizaciones son iguales.

Produce rabia el nivel de saqueo que se practica desde el poder económico, con la complicidad y servidumbre de algunos poderes políticos. Pero hay un aspecto que creo no se subraya lo suficiente. ¿Quiénes tienen acceso al saqueo o a quienes se les permite hacerlo?

El caso de las tarjetas black de Caja Madrid es muy gráfico:

  • Las tienen los directivos que gestionan la entidad y las usan para su enriquecimiento personal, de manera ilegítima. No les basta con haberse puesto unos salarios millonarios -El sueldo de Blesa fue de 3,5 millones anuales a partir de 2007-. Son avariciosos, pero, además, su avaricia es desmedida.
  • Pero también las tienen los consejeros que actúan en representación de Patronal, los partidos PP, PSOE, IU y los sindicatos UGT y CCOO. ¿Qué lleva a los directivos a compartir el botín con éstos? No es un acto generoso, en absoluto. Es simplemente la compra de su silencio, el pago por su complicidad, el premio por su sumisión. Es el pozo en el que se les mete para convertirlos en lacayos a su servicio.

Es el leit motiv de la mayoría de las corrupciones que se destapan entre gestores políticos. El poder económico dedica grandes cantidades a comprar voluntades, a poner las decisiones políticas a su servicio, aunque casi siempre se conocen nombres de corrompidos pero no de los corrompedores. La ironía de Quevedo está vigente: “pues que su fuerza humilla/ al cobarde y al guerrero/ poderoso caballero / es Don Dinero

Volviendo a las tarjetas black, el cobro por parte de la patronal ¿tiene que ver con su permanente silencio frente a la negativa de la banca a proporcionar financiación a empresas, sobre todo a las PYMEs? O la sumisión de CCOO y UGT ¿se limitaba a su apoyo en las decisiones referentes al negocio bancario o a la elección de la cúpula? ¿Cómo les condicionaba en su papel como sindicato con representación en la Caja? ¿Se extendía esa dependencia a otros ámbitos de su actuación sindical?

Son las mismas preguntas que surgen en Navarra cuando se conoce el “Acuerdo de reactivación económica” del Gobierno con la Patronal CEN y los sindicatos UGT y CCOO, dotado con 545,5 millones y cuyo destino tiene puntos sin aclarar. O la creación del Consejo de Diálogo Social, o la disposición de 3 millones, tres, para CCOO y UGT por negociar y, sobre todo, firmar convenios.

Pero si todo esto produce estupor, asco y rabia, no le va a la zaga el plan del Gobierno que preside el Lehendakari Urkullu.

En el documento que ha entregado a la Patronal CEBEK y a los sindicatos (ELA, LAB, CCOO y UGT), para impulsar el diálogo social, marca de manera nítida, el terreno de juego: Critica determinadas posiciones sindicales, y propone un modelo de relaciones laborales flexible y que atienda a “las necesidades de las empresas”. Hasta aquí, nos guste más o menos, su posición es legítima, lo mismo que la de quienes defienden otra diferente. Lo que ya no es tan legítimo es cómo pretende convencer de la bondad de su propuesta.

Recuerda a los sindicatos que tienen un “poder de negociación y regulatorio” que se traduce en “una responsabilidad indeclinable en la construcción de un determinado tipo de sociedad” y para hacerse entender mejor les recuerda que están recibiendo dinero público por representar a todos los trabajadores para esa construcción. A Cebek no se lo recuerda, seguramente porque está de acuerdo con el “determinado modelo de sociedad” que quiere el Gobierno, que no es otro que el que propugna la propia patronal.

Hay que agradecer a Urkullu y a su Consejero Aburto que hayan sido claros. Hay dinero para quienes se pliegan a las decisiones y modelo de su gobierno. Igual que en las tarjetas black de Caja Madrid se emplea el dinero de otros para la compra de silencio, el pago por la complicidad, el premio por la sumisión. Es el pozo en el que se les mete para convertirlos en lacayos a su servicio.

La negativa de ELA y LAB a acogerse a estas dádivas y a aceptar el papel de bufones en las fotos con el gobierno, es una buena noticia para los trabajadores y trabajadoras y nos da ánimos para pensar que en Euskal Herria no todos son iguales, que la mayoría sindical vasca no es igual y que hay margen para hacer las cosas de otra manera

PD.: Según el diccionario, SOBORNO: Ofrecimiento de dinero u objetos de valor a una persona para conseguir un favor o un beneficio, especialmente si es injusto o ilegal, o para que no cumpla con una determinada obligación