La auditoría de la deuda en el punto de mira

2014/12/23
La necesidad de auditar la deuda, hasta hace unos meses una reivindicación de la ciudadanía y de las organizaciones más críticas y activas políticamente, ha saltado a la actualidad mediática a raíz de la irrupción de Podemos y la inclusión de dicha medida en su programa electoral. No son pocas las voces que se han levantado y han puesto el grito en el cielo ante la perspectiva de un impago, y sin embargo mucha gente comienza a ser consciente de la importancia de esta cuestión: la ciudadanía ha empezado a cuestionar el sentido del endeudamiento como palanca que permite la desposesión de las mayorías sociales en beneficio del capital financiero.

Juan Luís del Pozo, El Salmón Contracorriente 2014/12/23

Ya de entrada hay que decir que la propuesta de auditar la deuda tiene un largo recorrido detrás que desborda el mero hecho de que un proyecto político decida incorporarlo a su programa. La cuestión de la deuda y los programas de ajuste estructural son tristemente conocidos en los países del Sur global, y ha sido clave en las reivindicaciones que durante décadas han venido realizando movimientos sociales y ONGs, haciendo hincapié sobre la necesidad de llevar a cabo una “condonación de la deuda” de los países del Tercer Mundo.

Por otra parte, no debemos olvidar que, ya antes de la aparición de Podemos y en el marco de la Unión Europea, los acreedores movieron ficha y presionaron para llevar a cabo una reforma constitucional cuya consecuencia es que el estado español debe atender prioritariamente los vencimientos de la deuda pública por encima de cualesquiera otros compromisos que pueda tener, incluyendo evidentemente el compromiso para con sus ciudadanos a través del gasto público. Esta medida adquiere todo su significado si la ponemos en relación con el titular que publicaba en portada el diario El Mundo el pasado 6 de octubre: “España hará frente en 2015 al mayor pago de deuda de su historia”. El estado, según la información ofrecida, “afrontará el año que viene el vencimiento de más de 155.000 millones de euros de deuda pública”, lo cual supone que “el Tesoro deberá refinanciar o devolver la mayor cantidad de toda su historia, por encima incluso de los compromisos de 2014, que marcaron un récord”. El volumen de recursos destinados al servicio de la deuda alcanzará por tanto, en 2015, unas cifras sin precedentes.

Parte de la explicación a ese incremento la encontramos en el coste de la financiación. Debemos recordar que hoy en día, y teniendo en cuenta que el BCE no puede prestar dinero directamente a los estados miembros de la Unión, el Estado español debe acudir a los mercados para obtener recursos financieros. Esto implica que el coste del endeudamiento se incrementará en la medida en que el país no sea capaz de ofrecer condiciones que generen “confianza” en los inversores, como de hecho sucedió durante los años 2010 y 2011, en los cuales la prima de riesgo alcanzó máximos históricos. No solo la reforma constitucional, también muchas reformas acometidas por éste y el anterior gobierno encontraron su justificación en esa necesidad de generar confianza y asegurar la solvencia del estado, medidas que en última instancia implicaron fuertes recortes en el sector y los servicios públicos.

Por otro lado, las posibilidades de atender los vencimientos de deuda dependen asimismo de la capacidad del Estado para disponer de recursos suficientes. Esto puede implicar por un lado, y como hemos visto, austeridad en el gasto, pero también tiene que ver con la evolución de la economía española y con el consiguiente incremento de los ingresos públicos. Ahora bien, teniendo en cuenta la especialidad inmobiliaria de nuestra economía y cómo está estructurada la división del trabajo a escala europea, surgen algunas preguntas de difícil respuesta: ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Existe alguna alternativa que no pase por activar un nuevo ciclo inmobiliario? Más aun, y sin tan siquiera entrar en las consecuencias negativas que esto pudiera tener, ¿es posible generar ese nuevo ciclo?

Las dificultades para digerir los desmesurados volúmenes de activos devaluados y de deuda generados en el ciclo anterior nos hacen ser escépticos ante esta posibilidad. Hasta ahora, la solución que se ha aportado desde las instituciones ha pasado por la asunción de esa deuda por parte del Estado y, consecuentemente, de los ciudadanos y ciudadanas (vía FROB, rescates, SAREB…). A pesar de todo, nos encontramos aun con un enorme stock de capital fijo devaluado (viviendas e infraestructuras) que a día de hoy representa un obstáculo al desarrollo de nuevas oportunidades de inversión, por mucho que los llamados “fondos buitre” estén haciendo su agosto en España.

"Lo que es evidente es que a día de hoy existe un conflicto de intereses, y que hasta ahora éste se ha saldado a favor de los acreedores"

Lo que es evidente es que a día de hoy existe un conflicto de intereses, y que hasta ahora éste se ha saldado a favor de los acreedores, es decir, la tan cacareada competitividad de la economía española pasa por el deterioro y la presión sobre las condiciones de trabajo y en general de vida de la población, pero esta presión es cada vez más difícil de sostener. El cambio en el equilibrio de fuerzas políticas puede producirse, y bien por este motivo o porque la carga de la deuda sea de todo punto insostenible, llegará un momento en que los acreedores, conscientes de la imposibilidad de recuperar la totalidad de lo que se les debe, asuman la necesidad de llevar a cabo quitas o reestructuraciones y renunciar al cobro de parte de sus créditos.

El debate en los medios se limita a señalar que es inaceptable que un estado no haga frente a sus obligaciones de pago. Ahora bien, primero, debería especificarse que no estamos hablando precisamente de que las Administraciones dejen de pagar a sus proveedores, como ha sucedido en la administración local. Y segundo, la realidad es que esas quitas y reestructuraciones de deuda a las que hacíamos referencia y que afectan fundamentalmente a las grandes entidades financieras se dan en la práctica, como ha sucedido sin ir más lejos en Grecia o Chipre donde el montante de los créditos excedía de la capacidad de los propios países de generar la riqueza suficiente para pagarlos.

Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de auditoría? La auditoría implica en primer lugar que la ciudadanía sea consciente del mecanismo perverso de la deuda, de cómo éste ya ha empezado a absorber una parte importante (y creciente) de los recursos públicos. Supone conocer las consecuencias del ciclo inmobiliario y cómo se ha generado el endeudamiento. Finalmente, conlleva hacer efectiva una exigencia de responsabilidades que hasta ahora ha brillado por su ausencia. Responsabilidades que deberían asumir también los gestores y en general los beneficiarios de un sistema que ofreció altas rentabilidades mientras el tinglado funcionó a pleno rendimiento.

Hoy más que nunca es necesaria una reflexión sobre la deuda como mecanismo de trasvase de riqueza colectiva a manos privadas que vaya más allá del ámbito puramente material al cuestionarse los desequilibrios existentes a nivel de clase, género o territorios. Al final de ese proceso seguramente la pregunta pertinente sea: “¿quién debe a quién?”