El negocio de las basuras se tambalea
Del Boletín de Medio ambiente número 26
Según la CNMC estas empresas han estado operando de manera secreta en contra de los principios de la competencia. Actuaban como un entramado de pactos, repartiéndose los contratos de sus clientes, principalmente ayuntamientos de capitales de provincia en todo el estado. Las pruebas de la investigación evidencian una pauta de funcionamiento elemental y descarada que implicaba incluso la adopción de medidas correctoras para aquellas compañías novatas que se incorporaban a este tipo de contratación pública.
En la CAPV y en Navarra llevamos años denunciando que detrás del empeño de construir incineradoras hay grandes intereses económicos, al igual que en el empeño de desprestigiar otro modelo de gestión de residuos que hace tambalear sus grandes negocios
Las cuatro grandes marcas mencionadas anteriormente, todas ellas sociedades cotizadas, acumulan unas multas por valor de 72 millones de euros, lo que supone un 75% de la sanción total impuesta por la CNMC. Las prácticas concertadas de todas estas compañías estaban integradas en su política comercial y en algunas ocasiones se traducían en una clara manifestación de sabotaje mediante pactos de no concurrencia orientados a dejar desiertas las licitaciones que no ofrecían suficiente interés económico. La resolución final incluye numerosos hechos probados ilícitos entre los años 2000 a 2013.
Estas empresas llegaban a fijar códigos internos de conducta para que sus asociados supieran a qué atenerse o establecían recomendaciones colectivas recordando la necesidad de respetar los clientes respectivos de cada uno de sus miembros. Los repartos de mercado se plasmaban luego en múltiples formas, bien a través de pactos bilaterales, sociedades conjuntas o uniones temporales de empresas (UTE).
La cuantía de las multas equivale al 3% del volumen de negocio obtenido por cada una de las empresas infractoras a lo largo de todos estos años en los distintos mercados objeto de la investigación: Urbaser (ACS) con 23,2 millones de euros de multa, FCC con 16,8 millones; Valoriza, con 15,2 millones y Cespa, con 13,6 millones están los primeros en el ranking de las sanciones.
En la CAPV y en Navarra llevamos años denunciando que detrás del empeño de construir incineradoras hay grandes intereses económicos, al igual que en el empeño de desprestigiar otro modelo de gestión de residuos que hace tambalear sus grandes negocios.