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El mercado de la electricidad, negocio de las grandes compañías

06/11/2018
La subida constante del precio de la electricidad se ha convertido en un problema para la mayoría de la sociedad. El precio de la electricidad ha alcanzado el máximo del año en septiembre, 75,93 euros por megavatio hora (MWh). Además, el precio de la electricidad en el Estado español en 2017 fue de los más elevados de Europa teniendo en cuenta los impuestos y más aún sin tenerlos en cuenta. Esto se traduce en que ya son 4,6 millones de personas que sufren la pobreza energética en el Estado español por no poder hacer frente a las facturas.

Analisis de Coyuntura 136Este artículo se ha publicado en Análisis de Coyuntura 136

La doctrina dominante suele justificar este aumento del precio en el alto costo de los combustibles fósiles y en el de los derechos de emisión de CO2, que se ha triplicado con creces en el último año. Pero a nuestro juicio el problema no es coyuntural, es un problema sistémico que tiene su origen en 1998, año que se llevó a cabo la liberalización del sector.

Fue en el año 1997 cuando el sector eléctrico inicia el proceso de liberalización dentro del marco de la Unión Europea. La época que se conocía como el Marco Legal Estable (que duró desde 1988 hasta 1997) el sector estaba regulado por normas y leyes. Se trataba de un marco esencialmente regulado por el Estado, que asumía la responsabilidad de organizar y planificar el sector. La tarifa eléctrica creció en todo el periodo del MLE a un ritmo del 2,8% anual, mientras que la inflación se situaba en el 4,8%. Es decir, el coste real de la tarifa eléctrica descendía a un ritmo del 2% anual, favoreciendo así al bolsillo de los hogares.

La Ley 54/1997 del Sector Eléctrico inicia en el Estado Español el proceso de liberalización del sector eléctrico con el objetivo de introducir mecanismos de libre mercado. Es desde ese momento que la electricidad pasa de ser un bien básico a un producto con el que hacer negocio. Después de privatizar el sector, son los siguientes factores los que fijan el precio final:

  • En primer lugar, están los peajes o tarifas de acceso, que son la parte fija de la factura destinada a pagar los costes de acceso a la red eléctrica, es decir, el precio a pagar por el transporte de la energía hasta los puntos de suministro. Representa el 40% y está regulado por el Gobierno, pero administrado e ingresado por cinco compañías eléctricas que se reparten la geografía del Estado. Gracias a la parte fija, las compañías se aseguran una rentabilidad.

  • En segundo lugar, la parte variable, que es conocida como el precio mayorista de la electricidad o pool. Es el mercado eléctrico mayorista donde las comercializadoras compran la energía que al día siguiente va a consumirse en los hogares, empresas etc. Representa el 35% del precio final y esta configurada para aumentar los ingresos de las eléctricas.

  • Por último, el 25% es el IVA y el impuesto a la electricidad.

A continuación, se analizarán los resultados de la privatización del sector energético. Para ello, por un lado, se tomará como referencia la EPF (Encuesta de Presupuestos Familiares) hecha por INE para ver el gasto promedio del hogar. Y por otro, las cifras que semestralmente proporciona Eurostat, para observar el precio del kwh/hora y se hará una comparación con la UE.

Según los datos de la EPF, el gasto medio anual de los hogares del Estado español en la factura de la luz se situó en 745,9 euros en 2017. Desde 2006 se ha encarecido un 63%. En 2006 el gasto destinado a la electricidad era de 457,53 euros. El IPC ha subido durante los años citados un 17,8%, por lo tanto el precio de la electricidad triplica el de la inflación. Dicha subida ha causado que muchos de los hogares no puedan pagar la factura de la luz. Hay que tener en cuenta, además, que desde 2010 ha caído notablemente el consumo eléctrico de los hogares, lo que hace que hace mas grave aún el aumento de la factura eléctrica.

Eurostat (Instituto Europeo de Estadística) calcula los precios medios de la electricidad según bandas de consumo (cinco de consumo residencial). Como referencia, hemos optado por analizar la banda que va desde 2.500 kWh a 5000kWh, debido a que en el Estado español el consumo eléctrico anual medio por hogar en 2017 fue de 2.816,5 kWh.

El precio promedio de la electricidad de la Unión Europea por kilowatio/hora se situó en la segunda mitad del año 2017 en 0,2048 euros. En el Estado español, dicho precio fue más alto que en la UE, el costo fue de 0,2177 euros. Es el sexto país con el precio más caro de la Unión Europea. Mientras que en la Unión Europea los precios desde 2007 han subido un 30,9%, la realidad del Estado Español es considerablemente peor, ya que el precio ha aumentado un 55,5% respecto a ese año.

El lobby eléctrico y sus acólitos nos repiten hasta la saciedad la muletilla del excesivo impuesto en la factura de la electricidad. Veamos lo que dicen las estadísticas en comparación con la Unión Europea, y si es cierto o no.

Excluyendo los impuestos de la factura, el Estado Español es el tercer país más caro de la UE en esta banda de consumo. Como se puede observar en el gráfico en 2017 de los 0,2177 euros, 0,0465 eran impuestos, los impuestos representan, por tanto, el 21,36%. En cambio, la realidad en la UE es muy distinta, de los 0,2048 euros, 0,0828 se destina a pagar impuestos, esta proporción (40,43%) duplica el del Estado español.

Sin impuestos, el precio del kwh en el Estado Español (0,1712 €) es un 40% más elevado que el precio medio europeo (0,122 €). Y por el contrario, los impuestos son 43,9% menores.

En las otras bandas de consumo la realidad no es muy distinta, en el Estado Español los hogares con menor consumo (c<1000 kWh) del consumo anual pagan 0,57 por cada kW, un 72,7% más que la media europea (0,33). Cuando el consumo es mayor, la diferencia de precios entre el Estado y la UE disminuye. Es a partir de los 5000 kWh de consumo cuando se iguala a la media de la UE.

Podemos concluir que esta estructura tarifaria es regresiva socialmente y lo es en mucha mayor medida en el Estado Español. Por un lado, los hogares con menores ingresos consumen menos electricidad, pero la pagan a precios mucho más caros que aquellos con más ingresos y que más consumen. Por el otro, se premia a aquellos que mas electricidad gastan, sin tener en cuenta el daño que hace al medioambiente el generar dicha energía.

El resultado de ese sistema es el aumento de los beneficios de las eléctricas que siguen al alza a pesar de que la demanda del consumo disminuye. Las tres mayores compañías eléctricas con operaciones en el Estado español, que son Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa, ganaron 5.627 millones de euros en 2017, un 3% más que en el ejercicio anterior. Dichos beneficios fueron gracias a que apenas pagaron impuestos debido a las exenciones fiscales que obtuvieron. Recordemos que actualmente en el Estado Español el tipo nominal del impuesto de sociedades esta situado en el 25%, pues bien, las corporaciones tan solo pagaron el siguiente monto en 2016. Iberdrola pagó 43,7 millones de euros (3,2% de los beneficios); Endesa, 82 millones (6,1%), y Gas Natural Fenosa, 84 millones (8,5%).

Conociendo estos datos, queda claro que las eléctricas, además de enriquecerse a costa de jugar con las necesidades básicas de las personas, pagan a la arcas públicas considerablemente menos de lo que deberían. Las leyes que se han ido modificando a lo largo de los años para favorecer de distintas maneras a las grandes compañías eléctricas lo han permitido. Esas leyes, que han liberalizado el sector, han sido aprobados por partidos de los que algunos dirigentes han terminado en puestos de las compañías mencionadas. En resumen, son las famosas puertas giratorias las que han ayudado a llegar a esta situación.

El objetivo del sistema eléctrico debería ser cubrir las necesidades de energía eléctrica que presenta una sociedad. Por ello, desde el gabinete de estudios planteamos lo siguiente:

  • La solución pasa por la soberanía energética, para ello es necesario la socialización de los medios de generar, transportar y comercializar la energía.

  • Establecer un sistema tarifario de precios regulados que favorezca a quienes menos consumen y no al revés, estableciendo un mínimo vital a una tarifa mas baja.

  • Cambio del sistema eléctrico para que sea 100% renovable, por un lado, dejando de lado las energías fósiles y la nuclear y por otro, se debe dar una reducción considerable del consumo.