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El lehendakari debe rectificar

23/02/2016
Desde los meses anteriores a su investidura –y durante la legislatura que ahora llega a su fin– el lehendakari Iñigo Urkullu ha insistido machaconamente en su propuesta para una eventual reforma del estatus político de la Comunidad Autónoma. Esa reforma, defiende, debería sustentarse en un procedimiento –de diálogo, negociación, acuerdo y ratificación– y en una condición: que uno de los dos grandes partidos españoles esté de acuerdo.

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Urkullu eta demokrazia: Sinonimoen ekuazio bat (Maialen Lujanbio)

Ese procedimiento y esa condición son, evidentemente, discutibles. En más de una ocasión el Comité Nacional de ELA ha defendido posiciones que nada tienen que ver con ellos. En cuanto al procedimiento, se ha considerado que la propuesta de Urkullu peca de elitismo, pues sólo reclama la participación de la ciudadanía al final del proceso, bajo la forma de ratificación del pacto de las élites políticas. Respecto a la condición de contar con el visto bueno de PP o PSOE, ELA ha entendido que se trata de una autolimitación injustificada, ya que de esa manera se otorga al estado la capacidad de veto a cualquier avance de nuestro autogobierno.

Las instituciones y sus responsables deberían tener en alta estima la capacidad de la ciudadanía para actuar colectivamente a partir de principios éticos y aspiraciones políticas

Al margen de la crítica, ELA jamás ha discutido la legitimidad de la opinión expresada y liderada por el Lehendakari y su partido, el PNV. Durante estas últimas semanas, sin embargo, el máximo mandatario vasco ha dado un salto cualitativo en su discurso; un salto que debería haber encendido las luces de alarma en cualquier fuerza política o social que se reclame democrática. El pasado 10 de enero, preguntado por la situación de Cataluña, declaró en el Diario Vasco que “me alarma que movimientos sociales sin responsabilidades condicionen Cataluña". Unos días después, el 25 de enero, entrevistado por el diario El País, fue un poco más allá, diciendo que lo más alarmante de Cataluña es "que movimientos sociales sin responsabilidad política condicionan a los partidos que tenemos que rendir cuentas a la sociedad. Es delicado confundir democracia representativa con participativa".

El pensamiento del Lehendakari, según el cual el pueblo sólo puede aclamar –decir sí o no– a las cuestiones que las élites le plantean, se sitúa, en opinión de ELA, en los límites de la democracia. Pero considerar que la sociedad civil no puede discutir, deliberar y aspirar a influir y condicionar las decisiones que se toman en sede política pone en evidencia un pensamiento de nula raigambre democrática. El Lehendakari debería recordar que la democracia no es un “método” de elección de las élites que han de gobernarnos, sino un sistema complejo en el que, antes que nada, las instituciones y sus responsables deberían tener en alta estima la capacidad de la ciudadanía para actuar colectivamente a partir de principios éticos y aspiraciones políticas.

El pensamiento del Lehendakari, según el cual el pueblo sólo puede aclamar –decir sí o no– a las cuestiones que las élites le plantean, se sitúa, en opinión de ELA, en los límites de la democracia

El Lehendakari debería recordar, también, que el sistema político ni es una cúspide del sistema social ni representa al conjunto de la sociedad. Las organizaciones de la sociedad civil se hacen cargo de los problemas sociales, incluidos los provocados por los actores políticos. Y esas organizaciones tienen la obligación de actuar, por citar palabras como las del filósofo Habermas (poco sospechoso de ser antisistema), como “palladium de la libertad”, reforzando un espacio desconfiado e informado que “ejerza influencia sobre el complejo parlamentario”.

El Lehendakari debería rectificar, y debería hacerlo públicamente. No se trata de que prefiera la democracia representativa a la participativa, sino que está en entredicho la ascendencia democrática de su ideología y su política. Por otra parte, no estaría de más que, puestos a condenar la influencia en política de instancias extrainstitucionales, hubiese remarcado la brutal influencia de los poderes económicos y financieros en el dictado de gobiernos y parlamentos. Así podría, al menos, hacer gala de una mínima coherencia.