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Corporatismo, anticolectivismo y otros ismos en la involución antidemocrática

04/04/2019
Dos miembros de la dirección de ELA somos recibidos por la Consejera de Seguridad Estefanía Beltrán de Heredia en la sede del Gobierno Vasco en la Gran Vía de Bilbao. La reunión se hace a petición del sindicato. Queremos transmitirle nuestra preocupación ante repetidas actuaciones de la Ertzaintza en conflictos laborales y huelgas. Hablamos de actuaciones ilegales, como escoltar el esquirolaje. La reunión transcurre por los senderos previsibles: el gobierno solo ve problemas de orden público. Si la huelga es un derecho fundamental ¿a quién le importa?

Xabi_AnzaXabi Anza, Responsable de Formación de ELA (artículo publicado en Gai Monografikoak 56 sobre el auge del fascismo y el autoritarismo)

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Llegado un momento solicitamos la instrucción de la Ertzaintza para los conflictos laborales, su protocolo de actuación. No podemos verlo. “Eso pondría en peligro la seguridad de los ertzainas”. Corregimos: “Bueno, omitan del texto los elementos que tengan que ver con la seguridad. Lo que queremos saber es qué se transmite a los y las ertzainas sobre los derechos que asisten a huelguistas, al comité, a la empresa...”. Ni hablar. Llegados a este punto preguntamos. “Ya sabemos que a ELA no le habéis consultado, pero a la hora de elaborar esa instrucción ¿habéis solicitado algún dictamen a otros agentes como empresarios, patronales, profesores de derecho laboral u otros sindicatos?”. “A nosotros –dice– nos ha votado el pueblo y tenemos la legitimidad para elaborar esa instrucción”. “Claro –decimos– que tenéis la legitimidad, por eso estamos aquí”. Lo que nosotros queremos saber es si a la hora de elaborar una instrucción sobre cuestiones que afectan a la sociedad (da igual de qué cuestión se trate) las organizaciones de la sociedad que se sienten concernidas por esa problemática tienen la opción de emitir opinión y de que esa opinión sea escuchada por el gobierno. La respuesta se repite. “A nosotros nos ha votado el pueblo y tenemos la legitimidad para elaborar esa instrucción”. Supongo que también habrá instrucciones, por ejemplo, para los inmigrantes. Pero el gobierno no necesitará recabar la opinión de organizaciones como Sos-Racismo o Caritas. Tienen la legitimidad porque les han votado. No hay nada más que hablar.

La parte de la sociedad que incordia es un tumor que afecta al corazón de la comunidad impidiéndole avanzar hacia el bien común

Corporatismo

Lo sucedido con la Consejera tiene muchísima miga. Porque en esa reunión no se produce tan solo un choque de intereses, sino que son dos paradigmas, dos universos políticos, dos maneras entender la democracia las que colisionan. Para Beltrán de Heredia la ciudadanía solo se expresa como “pueblo”, y ello a través del sufragio con que elige a sus representantes. Todos aceptamos eso. Pero para nosotros eso es solo una parte de los procesos de deliberación política. La ciudadanía se expresa como pueblo, sí, pero se expresa y se realiza también como “sociedad”. Como sociedad se articula y organiza en torno a aspiraciones éticas, políticas, económicas, sociales, religiosas, deportivas… De manera soberana la sociedad constituye organizaciones, que a su vez definen sus programas y su acción para alcanzar sus aspiraciones. Y para ello ejerce derechos fundamentales como la reunión, la manifestación, la opinión, la huelga, la negociación colectiva…  Mediante el ejercicio de esos derechos aspira a influir no solo en las otras organizaciones y en el conjunto de la sociedad y en la llamada opinión pública, sino también en el poder legislativo (parlamentos) y en el ejecutivo (gobiernos). Es decir: para nosotros el voto no es la única fuente de legitimidad ni tampoco el único instrumento de influencia.

Entre el alcalde y el huelguista no debe haber instancia colectiva; ni entre la mujer y el empresario; ni entre el preso y las instituciones penitenciarias; ni entre el campesino y el señor...

Estefanía Beltrán de Heredia no le niega a la ciudadanía el derecho a organizarse, faltaría más, pero lo cierto es que no se siente concernida por sus demandas, ni mucho menos urgida a plantearse la más mínima corrección a su acción de gobierno y de dirección, en este caso, de la policía autonómica. No al menos a partir de lo que ELA le cuenta, por muy grave que sea… que lo era. Pero lo sustantivo, en el tema que nos trae, es que ella no reconoce más legitimidad que la que otorga el sufragio universal y desde luego no se deja afectar por quienes le incordian.

Lo sucedido con la consejera de seguridad no es un hecho aislado. Es pura ideología corporatista y tiene en nuestro país importantes mentores. Unai Rementería, Diputado general de Bizkaia, le dijo a ELA que se presente a las elecciones si lo que quiere es hablar de fiscalidad. Confebask insta a que los sindicatos abertzales no sean considerados sindicatos (que se les ilegalice en la práctica) ya que sus aspiraciones rebasan el ámbito de las relaciones laborales, y se meten en cosas como el TAV. Hace solo unas semanas, el Parlamento Vasco rechazó debatir, simplemente debatir, una iniciativa legislativa presentada por la Carta de Derechos Sociales avalada por 51.000 firmas. En 2016 el Gobierno Urkullu decidió que en la CAPV se publicarán como si fuesen estatutarios los convenios laborales suscritos por la minoría sindical. Antes, en 2014, un “informe de expertos” sugirió al Gobierno que aquellos sindicatos que no cumplan su función (como puede ser legitimar el diálogo social) no reciban financiación pública. Todo ello porque, como bien expresó la anterior Secretaría general de Confebask, Nuria López de Guereñu, ELA no asume la función de moderación que cabe esperar de un sindicato mayoritario. Hace también escasas semanas, un decreto del Gobierno Vasco institucionaliza un diálogo social tripartito (patronales, sindicatos y gobierno) en el que se darán por buenos los acuerdos que suscriba un solo sindicato, aunque represente una exigua minoría. El lehendakari, hace un par de años, refiriéndose a Cataluña, decía que era alarmante que movimientos sociales  sin ningún tipo de responsabilidad condicionasen proyectos y comprometiesen a los partidos ante la sociedad.

El problema es la facilidad con que han sido capaces de compartir un diagnóstico fatal con la patronal y el gobierno, un diagnóstico sobre un “estado sindical de excepción”

Funcionalismo

Conviene ver el finísimo hilo que une esas declaraciones e iniciativas, cuestiones todas ellas solo aparentemente inconexas. Porque a ninguno de esos agentes, como se dice, “se le ha ido la pinza”. Antes al contrario, su actuación, por muy antidemocrática que se nos antoje, tiene una enorme coherencia. Y la clave es una palabra: “función”. Su visión, su concepción de la sociedad y la política, se inspira en la biología. La sociedad es, para ellos, un organismo único, donde cada parte debe cumplir una función para la vida del conjunto organismo. Las partes, las organizaciones, no son entes soberanos que definen sus aspiraciones y buscan su influencia de la manera que entiendan conveniente. Si quieren ser reconocidas y homologadas simbólica e institucionalmente, la función de esas partes debe estar orientada al “bien común”. Y si no cumple su función, no se le reconoce, se les margina, se la combate. Porque las organizaciones que incordian son un incordio. Un incordio, ojo, en toda su profundidad etimológica. Del latín “antecordium”, el tumor junto al corazón que se extendía en los caballos y les impedía respirar y moverse. Eso mismo es la parte de la sociedad que incordia: un tumor que afecta al corazón de la comunidad impidiéndole avanzar hacia el bien común.

El planteamiento parece redondo… pero presenta no pocos problemas: ¿quién define el bien común? ¿quién decide las funciones deseables y las indeseables? ¿quién establece que un sindicato o una ONG se excede en sus funciones? ¿otro agente, la mayoría parlamentaria que se constituya en cada momento? El planteamiento no es nuevo. Es una versión postmoderna de una visión ya antigua: el corporatismo, una visión siempre ligada a los sectores más conservadores, incluidas sus versiones más autoritarias. En su versión homologada en democracia, la extirpación del incordio no llega a ser ni física ni jurídica (esperamos), pero sí simbólica, institucional y operativa.

Anticolectivismo

“La ideología de género es un colectivismo social que el centro derecha tiene que combatir... nosotros creemos en las personas”. “Recorriendo España yo no veo rojos o azules, yo veo españoles; yo no veo, como se dice, gente urbanita o gente rural, yo veo españoles; yo no veo jóvenes o mayores, yo veo españoles; yo no veo trabajadores o empresarios, yo veo españoles; yo no veo a creyentes o a agnósticos, yo veo españoles”… “Porque el colectivismo es precisamente eso, la infantilización de toda sociedad”. La primera cita es de Pablo Casado; la segunda de Albert Rivera; la tercera de David Muñoz Lagarejos, un joven sociólogo de la misma hornada.

El anticolectivismo es una bandera antigua. Entre el poder (el patrono, el estado...) y el ciudadano individualmente considerado, no debe interponerse ninguna instancia colectiva. Cualquier colectivismo infantilizaría al ciudadano. Esta visión de corte liberal cierra los ojos a la más elemental realidad: la desigualdad radical de las personas y los grupos sociales; la situación de subordinación, dependencia y vulnerabilidad de infinidad de personas sólo por el hecho de ser parte, precisamente, de un colectivo (ser mujer, asalariada, o de lengua, ideología, religión o cultura minorizada...). El invidualismo se nutre de una ficción, la del sujeto soberano, que difícilmente se sostiene en la realidad social.

Mal vamos si creemos que esta ideología anticolectivista es patrimonio exclusivo del tridente derechista español. Recientemente, un importante alcalde de nuestro país les negó a unos huelguistas una reunión si a la cita acudían acompañados por responsables o técnicos del sindicato. Entre el alcalde y el huelguista no debe haber instancia colectiva; ni entre la mujer y el empresario; ni entre el preso y las instituciones penitenciarias; ni entre el campesino y el señor... Lo que dicen Casado, Rivera, y lo que dicen todos los dirigentes y cargos vascos citados ¿no parte de la misma visión corporatista del sistema político, y la visión estrictamente funcionalista de los agentes sociales?

La conexión parcial

El desafío que plantea la emergencia de estas derechas, autoritarismos y nuevos corporatismos, no tiene que ver con el hecho de que miles de personas hagan suyo de un día para otro un programa protofascista. No es eso lo que previsiblemente va a suceder.

A lo que nos enfrentamos es a algo más sutil, pero no por ello menos peligroso. Nos enfrentamos a la capacidad de estas nuevas y viejas fuerzas de conectar “parcialmente” con los miedos, las aspiraciones, las frustraciones y los sentimientos de espectros sociales bien distintos. Puede ser el jerarca católico que siente –en el contexto de la ola feminista– que será muy difícil en poco tiempo seguir subsidiando a una organización que excluye de su gobierno a las mujeres; puede ser el empresario a quien molesta la organización colectiva de su plantilla; pueden ser los trabajadores y trabajadoras presas de la incertidumbre que compran la moto del inmigrante que les roba el empleo y los derechos; pueden ser el militante ecologista desesperado por incapacidad de las democracias realmente existentes para alcanzar las medidas necesarias y urgentes contra el cambio climático… Lo realmente peligroso es la facilidad con que esa deriva puede justicarse. Y pondré un  ejemplo:

Hace solo unas semanas el Gobierno vasco publicó, como decíamos, un decreto de institucionalización del diálogo social en la CAPV. El decreto establece que bastará la firma de un solo sindicato (de los cuatros que tienen derecho a participar) para la consecución de acuerdos, si así lo quieren el gobierno y la patronal. A CCOO y UGT-Euskadi les ha parecido estupendo. Pero ¿alguien imagina que estos mismos sindicatos darían por buena esa reglamentación para el diálogo social del estado, es decir, que bastase, pongamos por caso, el voto de USO para alcanzar acuerdos en la mesa de diálogo social español? Es evidente que no.

Por supuesto que UGT y CCOO no son organizaciones ni de derechas, ni profascistas ni autoritarias... Pero ese no es el problema. El problema es la facilidad con que han sido capaces de compartir un diagnóstico fatal con la patronal y el gobierno, un diagnóstico sobre un “estado sindical de excepción” (porque el sindicato mayoritario no va al diálogo social) que les legitima para actuar contra los más elementales principios democráticos; el problema es de qué manera pueden acabar siendo “funcionales” a los intereses gubernamentales y patronales, a quienes la representación sindical real se la trae al pario... El problema es esa irresponsable conexión parcial, y esa vocación quirúrgica tan del gusto del capital, que pasa por extirpar los elementos incómodos que persisten en las sociedades y en las instituciones. Esos elementos incómodos son indispensables para una sana democracia que por utilitarismo funcional, intereses particulares, frustraciones o fobias, son eliminados, pudiéndose así crear el caldo de cultivo óptimo para el desarrollo de estructuras fascistas.