Usted está aquí: Inicio Artículos Aumenta el temor ante la ofensiva de millonarios derechistas contra los derechos sindicales en EEUU

Aumenta el temor ante la ofensiva de millonarios derechistas contra los derechos sindicales en EEUU

28/02/2018
La campaña que desde hace veinte años vienen desarrollando donantes millonarios derechistas para minar los sindicatos y golpear al movimiento progresista de EEUU llega a su clímax el lunes, en una sesión del Tribunal Supremo.

Ed Pilkington, artículo publicado en The Guardian

La campaña que desde hace veinte años vienen desarrollando donantes millonarios derechistas para minar los sindicatos y golpear al movimiento progresista de EEUU llega a su clímax el lunes, en una sesión del Tribunal Supremo.

Si el tribunal resolviera el caso contra los sindicatos del sector público, como muchos temen, podrían sufrir una caída en su afiliación (7,2 millones de personas), y en consecuencia el debilitamiento de su poder político.

Los nueve magistrados del máximo tribunal de la nación escucharán los argumentos del caso “Janus contra AFSCME”, que puede dejar a los sindicatos sin una fuente de ingresos muy importante. Si el tribunal resolviera el caso contra los sindicatos del sector público, como muchos temen, podrían sufrir una caída en su afiliación (7,2 millones de personas), y en consecuencia el debilitamiento de su poder político.

Activistas y thinktanks conservadores, apoyados por donantes corporativos, entre ellos los hermanos Koch y la Bradley Foundation, llevan mucho tiempo preparando este momento, como parte de una campaña más amplia para escorar el proceso democrático a la derecha. Solo en los últimos cuatro años el TS ha considerado tres desafíos a los sindicatos públicos.

Esta vez parece que el TS quiere atacar el poder sindical, en lo que sería una gran victoria para el movimiento jurisprudencial derechista”, dijo Dan Weiner, abogado responsible del Brennan Center for Justice, una asociación no partidista.

Desde los años 90 dado 30,5 millones de dólares a 24 grupos conservadores que han apoyado los ataques legales contra los sindicatos del sector público que han llegado al tribunal supremo.

Una revisión de registros públicos efectuada por The Guardian indica que la Bradley Foundation, mega-donante de causas derechistas basada en Wisconsin, ha invertido mucho en la campaña antisindical. Desde los años 90 dado 30,5 millones de dólares a 24 grupos conservadores que han apoyado los ataques legales contra los sindicatos del sector público que han llegado al tribunal supremo. Los dos patrocinadores del caso Janues, la National Right to Work Legal Defense Foundation (Fundación Nacional de Defensa Legal por el Derecho al Trabajo) y el Illinois Policy Institute's Liberty Justice Center (Centro de Justicia Libre del Instituto de Políticas de Illinois), han recibido donaciones de Bradley por valor de 1,6 millones desde 2003.

Activistas y thinktanks conservadores, apoyados por donantes corporativos llevan mucho tiempo preparando este momento, como parte de una campaña más amplia para escorar el proceso democrático a la derecha.

La Bradley Foundation se creó en 1986 con el fin de emplear la enorme riqueza de dos hermanos, Lynde y Harry Bradley, que procedía de la industria, para fomentar “los principios e instituciones del excepcionalismo americano”1. Aunque está constituida como una entidad exenta fiscalmente y sin ánimo de lucro, su correspondencia privada refleja un intercambio abierto acerca de las hiperpartidarias y políticas ambiciones que alberga para sus reservas “caritativas” de 900 millones de dólares.

Documentos robados en la Fundación en 2016 por hackers internacionales y hechos públicos por el Center for Media and Democracy y el Milwaukee Journal Sentinel pusieron en evidencia el pensamiento ideológico de la organización. Los documentos reflejan que Bradley hizo donaciones a la National Right to Work Legal Defense Foundation, impulsora del caso Janus, porque “el Gran Sindicalismo y los abogados litigantes son las dos principales fuentes de financiación de la izquierda”.

La idea de que reducir el poder sindical puede debilitar otros movimientos progresistas no es ninguna tontería.

Actas de un comité de Bradley de febrero de 2016 revelan la estimación que la fundación hizo sobre el impacto del recorte de derechos sindicales en solo cuatro de los estados más sindicalizados (Oregón, New York, California y Washington). Calcularon que unos 2,8 millones de empleados-as públicos-as se verían afectados, con más de 2.000 millones de dólares de ingresos sindicales en juego.

Las actas reflejan el objetivo político más general: “La generosidad de los sindicatos de la costa del Pacífico, tras la redistribución desde las oficinas nacionales en Washington DC es utilizada para subsidias la agenda nacional de la izquierda y obstruir la misión y los intereses de la Bradley Foundation y de sus aliados”.

La afirmación de esa misión sigue la línea de la campaña lanzada el año pasado por el State Policy Network, otro receptor de donaciones de Bradley, que trataba de “privar de ingresos y desarmar” a los sindicatos del sector público.

La idea de que reducir el poder sindical puede debilitar otros movimientos progresistas no es ninguna tontería. Un reciente estudio del National Bureau of Economic Research2 concluía que las leyes de derecho la trabajo que limitan a los sindicatos a nivel estatal, muy en la línea pretendida por la demanda Janus a nivel nacional, han reducido en un 3,5% el voto demócrata en las elecciones presidenciales.

Lee Saunders, presidente de AFSCME, el mayor sindicato estadounidense de empleados públicos y demandado en el caso Janus, dijo que la intención de la acción legal es drenar las fuerzas de las fuerzas progresistas. “Los millonarios y los intereses corporativos particulares que están detrás de este caso no creen que nos corresponda un lugar en la mesa”, dijo.

Randi Weingarten, presidenta de la American Federation of Teachers, afirmó que el objetivo de la Bradley Foundation era crear “un monopolio de poder económico y político. Quieren acaparar todo el terreno de juego”.

En Wisconsin, dijo Weingarten, la fundación fue un apoyo clave para el gobernador Scott Walker. El presidente de la Bradley Foundation era Michael Grebe, que actuó como presidente de la campaña de Walker cuando se presentó candidato a gobernador. Desde que Walker introdujo la Act 10 (Ley 10), que bloqueaba la negociación colectiva en el sector público, la afiliación sindical global ha caído del 14% al 9% en dicho estado, y ha habido caídas igual de fuertes en salarios y prestaciones sociales.

En el fondo del caso Janus subyace el hecho de si los sindicatos pueden cobrar a todos los empleados-as públicos-as parte de los costes de la negociación colectiva, basándose en que cada trabajador-a, y no solo los afiliados al sindicato, se beneficia de los incrementos salariales que se negocian. Este tipo de cuotas de “parte justa” o “participación equitativa” están actualmente autorizadas en 23 estados, y fueron aprobadas por el TS en 1977, a raíz del caso Abood contra Detroit Board of Education.

Grupos de extrema derecha financiados por la Bradley Foundation y otros donantes importantes, que consideran este tipo de cuotas como uno de las bases del poder sindical, han venido lanzando ataques cada vez más fuertes contra aquellas en los últimos años. En 2016 el TS pareció estar a punto de suprimir las cuotas de “parte justa” en el caso Friedrichs contra California Teachers Association. El magistrado conservador Antonin Scalia murió antes de que se emitiese sentencia, dejando al tribunal en un empate a cuatro.

La renovada ofensiva antisindical tiene pinta de tener éxito, y se espera una resolución para junio. La demanda del lunes, planteada por el trabajador de apoyo a la infancia Mark Janus, argumenta que sus derechos de libre expresión derivados de la primera enmienda son violadas al tener que pagar cuotas a un sindicato que no apoya. El caso será una de las posiciones decisivas para Neil Gorsuch, el magistrado conservador elegido por Donald Trump para sustituir a Scalia en el Supremo.

Las creencias profundamente conservadoras de Gorsuch han causado el enfado de algunos observadores judiciales. El mismo día de septiembre en que el Supremo admitió a trámite el caso Janus, Gorsuch dio una charla en el Trump International Hotel de Washington, en un acto organizado por un grupo conservador financiado por la Bradley Foundation, entre otros patrocinadores.

Rick Graber, presidente de la Bradley Foundation, dijo que apoyaba la demanda Janus como parte de su compromiso con los derechos de la Primera Enmienda, y para “garantizar que América siga siendo un país de libertad, igualdad y oportunidades”. Negó que la fundación haya sobrepasado su condición de entidad caritativa y se haya embarcado directamente en la política partidaria.

La fundación solo dona a organizaciones sin ánimo de lucro que están en sintonía con su misión”, dijo, “de fomentar familias y comunidades fuertes, informar y educar a la ciudadanía, impulsar el crecimiento económico y animar a las personas a ser más autosuficientes, en lugar de recurrir a una agencia gubernamental para resolver los problemas”.